Según datos extraídos del ‘Informe Olivenza 2015’, en nuestro país el 29,3% de las personas con discapacidad vive en una situación de riesgo de pobreza o exclusión. Si atendemos sólo a la población con discapacidad en edad activa, nos encontramos que el 40,3% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone un 45% más que el resto de la población.

 

Las mujeres con discapacidad son las más afectadas por esta situación, debido a que su participación en el mercado laboral sigue siendo mucho más reducida (doce puntos menos que la tasa de actividad laboral de los hombres con discapacidad). A todo esto hay que sumar el número de  trabajadoras y trabajadores con discapacidad empobrecidos, con serias dificultades económicas a pesar de percibir un ingreso fijo.

 

La pobreza, sin embargo, es un fenómeno multifactorial, donde no solamente incide la dimensión económica, sino también el ejercicio real de los derechos básicos como el derecho a servicios sanitarios adecuados, asequibles y accesibles; a una educación que tenga en cuenta la diversidad; a vivir en la comunidad; a vivir libres de violencia; a ejercer sin cortapisas los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho de acceso a la cultura, entre otros.

 

Para la FCM, la erradicación de la pobreza debe perseguirse en consonancia con los mandatos adquiridos por España a través de la Agenda de Desarrollo Post-2015, mediante la puesta en marcha de políticas que mejoren la calidad de vida del conjunto de la sociedad, sin olvidar a los sectores de la población que tienen que enfrentar dificultades específicas para obtener un nivel de ingresos adecuado o para ejercer sus derechos fundamentales.

 

La pobreza en una sociedad pone de manifiesto la falta de vigencia de los derechos humanos, por lo que resulta necesario poner en marcha políticas públicas encaminadas a su protección, promoción y garantía.